Desde Fetap aseguran que afrontan un costo de $1.100 millones por mes por todas las personas que viajan gratis
La Federación de Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros de Córdoba (FETAP) informó que no podrán seguir transportando personas sin cargo. La medida correrá a partir de este viernes 22 de mayo.
La ley nacional, a la cual adhirió la provincia de Córdoba, plantea que deben viajar sin cargo integrantes del personal policial, del personal penitenciario, menores de hasta cinco años, personas con discapacidad, acompañantes y pacientes con enfermedades crónicas.
Sin embargo, esos pasajes eran cubiertos con un fondo compensador que desde 2024 dejó de transferirse a las empresas.
En diálogo con Ivana Ferrucci, Alejandro Ugalde, vocero de Fetap dijo que el «sistema está en peligro».
Alejandro Ugalde: Estamos en reuniones permanentes con el Estado para lograr alguna salida a esta cuestión.
Ivana Ferrucci: Cuando dice el Estado a cuál se refiere?
Alejandro Ugalde: Al Estado Provincial, porque nosotros tenemos una concesión del servicio público provincial de transporte . Somos concesionarios del Estado provincial. Sabemos de las gestiones que está haciendo la Provincia en la Nación para destrabar este conflicto , pero nosotros al que tenemos que exigirle y hacerle todos los planteamientos es a nuestro poder concedentes que es el Estado Provincial.
Ivana Ferrucci. Cuando habla de trabas, puntualmente ¿a cuáles se refiere?
Alejandro Ugalde: Esto arranca en el 2024 cuando la Nación decidió eliminar el fondo compensador . Amba lo recibe. Entonces a partir de ahí hubo que reestructurar todo lo que es el transporte. Nosotros venimos advirtiendo a la Provincia que hay que solucionar todo el transporte y el tema de las gratuidades es un tema que nos viene haciendo ruido hace mucho tiempo. El 8 por ciento de los pasajeros viaja gratis. Traducido en pesos, son 1.000 cien millones por mes. Las empresas lo asumen como costo, porque son pasajeros que viajan y nadie paga su pasaje.
Nada que ver con lo que son los programas de Gobierno como el BEG, el BOS, etc, porque el pasajero no paga, pero lo paga el Estado.
Ivana Ferrucci: ¿De este 8 por ciento quién tendría que pagar el pasaje?
Alejandro Ugalde: Nosotros se lo vamos a exigir. Todas las personas que viajen tienen que pagar su pasaje. Que lo pague la Nación, la Provincia o Juan Perez, no nos interesa. Pero nosotros transportamos gente sin la contraprestación debida. Y ese es el planteo que hacemos.
Se han incrementado los costos, la tarifa del año pasado no acompaña la inflación. No queremos . Pero tenemos ese margen de gente que está viajando sin pagar nada y necesitamos ver cuál sería el esquema que nos permita subsistir dentro del transporte con esto que es importante para nosotros.
Ivana Ferrucci: Pero el hilo se corta por lo más delgado
Alejandro Ugalde: Fue una medida que es extrema. Es muy duro ponerse en esa situación, pero la realidad es que las empresas están cada día peor, con mayores inconvenientes para solventar los costos de lo que significa el servicio. Entonces hoy por hoy necesitamos una respuesta del Estado.
Ivana Ferrucci: Están presionando al Estado
Alejandro Ugalde: Lo que estamos viendo es que vamos a desatender a todo el tranporte por la situaciones en la que estamos. Nosotros tenemos un contrato con el Estado, el Estado nos tiene que garantizar la sustentabilidad del sistema y hoy no la tenemos. Hoy el sistema pierde 3000 millones de pesos por mes, de los cuales 1000 y pico de millones son por estas gratuidades. Por eso hay que reveer todo el sistema para ver cómo salimos de esta situación. Que es conflictiva, que es delicada. Pero no tenemos otra posibilidad.
Ivana Ferrucci: ¿No hay otra posibilidad de ajustar por otro lado?
Alejandro Ugalde: La situación es durísima. Comunicarlo más duro y llevarlo a cabo peor todavía. Pero por ahí vemos que no hay otra solución sino no habrá transporte para casi nadie. Entonces cuál es el peor remedio y la peor enfermedad.
Cuando uno hace el análisis del sistema en su conjunto está complicado. No hay que olvidar que es un servicio público que teóricamente es un servicio que presta el Estado a través de concesionarios, porque el Estado por sí no lo puede prestar o no lo quiere prestar . En el urbano de Córdoba lo presta a través de empresas estatales. En ese caso es más fácil porque manotea la plata de su propia caja. Acá nosotros necesitamos reordenarnos para que esto sea viable. Se está envejeciendo el parque móvil. El parque móvil viejo hace a la seguridad y también a los costos que significa tener un parque móvil viejo. La situación no es sencilla ni agradable.
Si seguimos en esta situación no habrá servicio para nadie.