El legislador provincial Mauricio Jaimes presentó un proyecto de ley que busca prohibir en Córdoba los controles de la Policía Caminera que, según cuestionó, son dispuestos con una finalidad recaudatoria y sin responder a criterios de prevención y seguridad vial.

La iniciativa plantea que la ubicación y rotación de los puestos de control en las rutas provinciales tengan una justificación preventiva y contemplen especialmente los sectores de mayor riesgo, en lugar de instalarse en puntos que, a criterio del legislador, priorizan la aplicación de multas.

“Queremos que la Policía Caminera y el Gobierno nos cuiden haciendo prevención. No estamos en contra de los controles, pero cuando se colocan en la ruta sin criterio preventivo y no se tienen en cuenta las zonas de peligro o a cuidar, realmente es un abuso”, sostuvo Jaimes.

El legislador remarcó, además, que su cuestionamiento no está dirigido hacia los policías que realizan los operativos, sino hacia las decisiones que determinan dónde y cómo deben efectuarse.

“Eso no lo dispone el policía, que es quien sabe y pasa frío o calor las 24 horas por unos pocos pesos”, señaló, al diferenciar la responsabilidad de los efectivos de las disposiciones emanadas desde el Gobierno provincial.

El impacto sobre quienes recorren Córdoba

Jaimes también vinculó su propuesta con el movimiento turístico y, particularmente, con el crecimiento del denominado turismo viajero, protagonizado por quienes recorren distintas regiones en vehículos, motorhomes y otras modalidades de viaje por ruta.

Según advirtió, determinadas políticas provinciales pueden terminar desalentando el tránsito de estos viajeros por Córdoba. En ese sentido, mencionó los impuestos provinciales, el costo de la energía y los controles de la Policía Caminera que considera carentes de un criterio preventivo.

Para el legislador, esta situación puede afectar la imagen de Córdoba como destino y como provincia de paso para quienes recorren el país por carretera.

Un proyecto para cambiar el criterio de los controles

Frente a este escenario, Jaimes presentó un proyecto de ley que apunta específicamente a impedir que los operativos viales sean utilizados con objetivos meramente recaudatorios.

“Presenté un proyecto de ley para prohibir los controles con fines recaudatorios y para que sean realizados con criterio preventivo desde su disposición, lugar y rotación”, explicó.

La propuesta no plantea eliminar los controles de la Policía Caminera, sino modificar la lógica con la que se disponen. El objetivo, según sostiene Jaimes, es que los operativos estén orientados prioritariamente a prevenir accidentes, proteger a quienes circulan y reforzar la presencia policial en aquellos sectores de las rutas donde exista un riesgo concreto para la seguridad vial.

De esta manera, el debate que propone llevar a la Legislatura de Córdoba pasa por definir qué función deben cumplir los controles camineros: si constituir principalmente una herramienta de fiscalización y sanción o consolidarse como un instrumento de prevención y seguridad para quienes transitan por las rutas cordobesas.