La Dirección General de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial  del Ministerio de Industria, Comercio y Minería de Córdoba, informa que elevó al  Consejo Federal del Consumo (COFEDEC), una propuesta para que proceda a invitar a las  autoridades y representantes del Banco Central de la República Argentina, a la Asamblea a realizarse el próximo 28 de noviembre.

Esta iniciativa de la provincia de Córdoba ante el COFEDEC tiene como finalidad poder abordar el tema de la “baja de los débitos automáticos en las cajas de ahorros, ya sean contratados legítimamente o no”; teniendo en cuenta que:

• El rubro bancos y servicios financieros lleva al menos de cinco años siendo el  más denunciado por las y los usuarios cordobeses ante la Dirección de Defensa del Consumidor y en el resto de la Jurisdicciones.

• Las estadísticas de Córdoba, los datos y agenda de audiencias internas,  indican que el 60% de los reclamos de este rubro están vinculados con:

1) Débitos y servicios no contratados,

2) Dificultades para proceder a la baja de los mismos

3) Difícil acceso por parte de usuarios y usuarias cuando desconocen un débito por un servicio no contratado, respecto a cuál es la empresa que debita el mismo, datos como cuit y domicilio fiscal

4) Origen de la contratación

5) Baja provisoria de tal débito

Atento a lo antes detallado y a la vigencia de esta problemática, es que desde la Dirección de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial de Córdoba se solicita al COFEDEC que invite al BCRA como autoridad de aplicación y organismo contralor de las entidades bancarias, a los fines que revise las circulares dictadas en tal sentido y proceda al dictado de nuevas medidas tendientes a brindar soluciones a las y los usuarios de Córdoba y del resto del país.

Al respecto, el Asesor de Defensa del Consumidor provincial, Daniel Mousist, especificó: «Pediremos al Baco Central  que tome intervención, modificando las operaciones pasivas (Opasi) y circulares que emitiera sobre el particular, para que los Bancos den de baja los débitos ante el pedido del consumidor, sin necesidad de contar con la conformidad de las empresas que los gestionan, cuya identificación resulta lenta, complicada y deviene en perjuicio para los usuarios”.