Por Micaela Gisbert, licenciada en Educación y Comunicación Social

En los últimos días se empezó a hablar con más fuerza de una posible Ley de Libertad Educativa, que reemplazaría a la actual Ley de Educación Nacional. Más allá de posiciones políticas, hay algo importante para entender: no se trata de un cambio menor, sino de un cambio de modelo educativo.

La ley vigente, la 26.206, organiza el sistema educativo con un rol central del Estado. El Estado planifica, regula, define contenidos comunes y garantiza la escolaridad obligatoria desde los 5 años hasta el final de la secundaria. La idea de fondo es clara: la educación es un derecho social y debe ofrecer una base común de aprendizajes para todos los chicos, más allá del lugar donde vivan o de la familia que tengan.

La propuesta de Libertad Educativa cambia ese eje. Coloca en el centro la libertad de enseñar y aprender, y establece que la familia es el agente primario de la educación. El Estado sigue siendo garante del derecho, pero desde un rol subsidiario: acompaña, evalúa y acredita, pero no conduce todo el sistema de manera directa.

Este cambio tiene aspectos positivos. Puede dar lugar a más diversidad pedagógica, mayor autonomía institucional y proyectos educativos con identidad propia. Pero también plantea desafíos importantes desde la gestión educativa.

Uno de ellos es la autonomía curricular. La nueva propuesta mantiene contenidos mínimos comunes, pero limita la cantidad de horas obligatorias y deja el resto del tiempo para que cada institución defina sus propios espacios curriculares. Esto puede enriquecer la propuesta educativa, pero también generar trayectorias muy diferentes entre escuelas, con riesgos de fragmentación del sistema si no hay una regulación clara.

Otro punto clave es la educación abierta, que incluye modalidades no tradicionales como la educación en casa, el homeschooling, o el aprendizaje en entornos virtuales. En otros países estas opciones existen, pero siempre bajo condiciones estrictas: evaluaciones externas, acreditación de saberes y estándares mínimos comunes. El problema no es la libertad, sino qué pasa si no hay control de calidad.

Porque educar en casa no es lo mismo para todas las familias. No todas tienen el mismo nivel educativo, el mismo tiempo ni los mismos recursos. Sin reglas claras, la educación abierta puede transformarse en una nueva fuente de desigualdad, donde algunos chicos acceden a trayectorias sólidas y otros quedan más desprotegidos.

La propuesta también introduce cambios fuertes en evaluación y transparencia. Se plantea la publicación de resultados educativos por institución y la creación de exámenes nacionales para acreditar aprendizajes. Bien implementado, esto puede mejorar la información y la rendición de cuentas. Mal implementado, puede convertir a la educación en un sistema de rankings y competencia permanente.

En cuanto a los docentes, se propone una carrera basada más en el desempeño que en la antigüedad. Esto puede profesionalizar el rol docente, pero también requiere evaluaciones justas, contextualizadas y acompañamiento real. Evaluar sin mejorar condiciones de trabajo suele generar más conflicto que calidad.

Finalmente, aparece la idea de financiamiento por demanda, como becas, vales o bonos educativos, para que las familias puedan elegir libremente institución. Desde la gestión, esto exige un Estado muy fuerte en regulación. De lo contrario, la libertad de elección termina beneficiando solo a quienes ya tienen más información y recursos.

Por eso, la discusión no es si la libertad educativa es buena o mala. La discusión es cómo se equilibra libertad con equidad, autonomía con cohesión, diversidad con calidad.En educación, las leyes importan. Pero cómo se implementan, gestionan importa aún más.